El éxito de la detención de presuntos terroristas y la incautación de armas y explosivos, que contribuye al fin de la violencia y a salvar vidas, no empece que se deba con la misma eficacia investigar y en su caso sancionar la tortura y malos tratos denunciados. No es extraña la escasa credibilidad gubernamental, si se tiene en cuenta que todos los gobiernos españoles han asumido como propia la versión de los denunciados, han negado en cada caso toda denuncia, no han rectificado ante las condenas judiciales sino indultado a los condenados, han descalificado los informes de Amnistía Internacional, y han hecho caso omiso de las recomendaciones de la ONU y el Consejo de Europa, y de la condena de España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias.
De nuevo asistimos a sucesivas versiones oficiales contradictorias, que bordean la negación de la evidencia y abonan la sospecha. Bastaría grabar a los detenidos para impedir tanto la tortura como la denuncia falsa, que desplazan la legitimidad de la policía a la víctima, y son obstáculo para la eficacia policial, que corre el riesgo de ser vista más como banda rival que como garantía de los derechos de todos, también de los detenidos. No todo vale ni sirve contra la delincuencia terrorista, sólo los derechos humanos y la ley que los defienda, pues la tortura es sobre todo un crimen execrable, pero también inútil y contraproducente, aun para la cínica razón de Estado: es peor que un crimen, es un error.
Article publicat a Público l’11 de gener de 2008
