Algunas voces del unionismo, partidarias de la dependencia de Catalunya, se inquietan ante la deriva del Tribunal Constitucional español, que ya no está en condiciones de imponer su criterio so capa de imparcialidad, independencia, y solvencia jurídica. El velo ha caído y ya se ve su cara, hace lustros una mera traslación de la voluntad del PP y el PSOE, una tercera cámara donde los no españoles están excluidos y que resuelve con criterios políticos de mayoría, progresista o conservadora pero siempre nacionalista española, anticatalana y antivasca. Tras la crisis García Pelayo, cuando el PSOE se tuvo que emplear a fondo para conseguir el aval constitucional a la expropiación de empresas por decreto y sin indemnización, los dos partidos no volvieron a caer en el error de nombrar juristas con problemas de conciencia, sino a quienes han hecho lo que se debe para ser nombrados, y son nombrados para hacer lo que se debe, de manera que casi no haga falta dar instrucciones ni reñir. España se ha colocado decididamente entre los Estados donde hay que preguntar ¿con quién hay que hablar? y no ¿qué dice la ley?, según distinguía Friedman. No cambiarán PSOE y PP una lottizzazione que les beneficia a ellos y su nación, sólo intentarán restablecer la omertà perdida, la opacidad mafiosa de lavar en casa los trapos sucios, incluidas súbitas muertes y oportunos espionajes. Justicia española y anticatalana, la 46ª del mundo en imparcialidad, la 64ª en independencia. Catalanes, vayámonos.
Article publicat a Público el 9 de juny de 2008
