“Ya vienen las elecciones y todo el mundo viene a votar, que voten por el partido que a cada cual le convenga más”, cantaba Lola Flores por rumbas cuando ningún partido era ilegal. La costumbre actual viene siendo que a cada elección, ni antes ni después, se pone en marcha la máquina de ilegalizar, que más que al servicio de la política antiterrorista está al servicio electoral de PP y PSOE. Después de cinco años, ya se ve que ilegalizar partidos y candidaturas no ha acabado con ETA, ni sirve para eso, sino para procesar y condenar cargos electos del PNV, EA, IU y PSOE, para dejar sin representación a docenas de miles de ciudadanos, para forjar novedosos conceptos jurídicos (construir imputaciones, fagocitar, corazón y entrañas), para que sean los ministros quienes anuncian y determinan cómo serán las futuras sentencias, para que no sean Jueces quienes las redactan (según reveló Martínez Lázaro), para que lo que vale para el sr. Botín no valga para el sr. Atutxa, para que el Tribunal Supremo condene su propia desobediencia, y para que el Fiscal General del Estado diga, tras conseguir unas docenas de ilegalizaciones, “nos hemos pasado pero ha colado”.
¿Algo de esto ayuda en la lucha contra el terrorismo? ¿Tendrá algo que ver en la consideración internacional de la Justicia española como la 46ª en imparcialidad y la 64ª en independencia, por debajo de Botswana, Nepal o Uganda? O se lucha contra el terrorismo o se consiguen ventajas electorales: ambas cosas no pueden ser.
Article publicat a Público l’1 de febrer de 2008
